MÉXICO.- Más de un año después de que salieron las evidencias que apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino con el spyware Pegasus los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “en México no se espía ni se vigila a nadie”.
Con base en esta afirmación, el gobierno descartó una recomendación expresada por el gobierno de Costa Rica en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de México en materia de derechos humanos. Esta recomendación exhortaba a México a “adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y abordar los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”.
A pesar de las evidencias que documentaron el uso ilegal de Pegasus desde hace tres sexenios, tanto la Sedena como el presidente López Obrador han negado que el Ejército siga utilizando ese poderoso spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El mandatario y la institución castrense se limitan en afirmar que las agencias de seguridad llevan a cabo labores de “inteligencia” contra la delincuencia organizada; en su respuesta a la recomendación de Costa Rica, el gobierno mexicano sostuvo que utiliza la inteligencia “para debilitar las estructuras criminales por igual”.
