El jueves, el Gobierno colombiano dio a conocer el trágico asesinato del director de la cárcel La Modelo, el coronel retirado Elmer Fernández, a manos de presuntos sicarios en Bogotá, la capital del país suramericano.
El ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, señaló que el director de uno de los principales centros penitenciarios de Colombia fue abatido a tiros mientras se desplazaba en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Bogotá.
A través de la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su pesar por el crimen y recordó que Fernández había asumido el cargo el 4 de abril pasado.
El mandatario colombiano anunció la implementación de un «plan candado» por parte de la Policía para dar con los responsables del ataque, así como la convocatoria de un «consejo de seguridad extraordinario» para establecer medidas en todas las cárceles del país.
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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó enérgicamente el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, instando a las autoridades a investigar y castigar a los culpables.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, se sumó a las reacciones, afirmando que este crimen no puede quedar impune y destacando la importancia de fortalecer al Inpec y proveerle los recursos necesarios para garantizar un control efectivo de los presos.
Según reportes de medios colombianos, Fernández había recibido amenazas por parte de reclusos en semanas previas, advirtiéndole que no ordenara más operativos de los guardias en ciertas áreas de La Modelo.
En la cárcel La Modelo, una de las más importantes del país junto a La Picota de Bogotá y la cárcel de Cómbita, se encuentran aproximadamente 3.000 personas cumpliendo condena.
El Gobierno de Colombia había declarado en febrero pasado la emergencia carcelaria para hacer frente a la persecución de bandas criminales contra los guardianes de prisiones y combatir la extorsión desde los centros penitenciarios del país.
