Suiza vota en un referéndum este domingo dos iniciativas cruciales sobre las pensiones que apuntan a llevar gradualmente la edad de jubilación a 66 años y crear un aguinaldo para los jubilados.
La propuesta de aumentar la edad de jubilación parece condenada al fracaso.
La del pago de un aguinaldo, impulsada por los sindicatos, podría ser aprobada, pero los últimos sondeos previos a la votación anuncian una erosión del apoyo en la opinión pública, por lo cual el resultado es incierto.
En Suiza, los jubilados reciben de la seguridad social pensiones de hasta 2.450 francos suizos (2.780 dólares) y 3.675 francos para una pareja.
Pero en un país que aparece siempre en lo alto de la lista de los lugares más caros del mundo, estas prestaciones no alcanzan para mucho.
«Hay una crisis del poder adquisitivo», afirmó Pierre-Yves Maillard, presidente de la Federación Sindical Suiza que es parte de la campaña a favor de la iniciativa.
«Los jubilados ven como se deteriora su nivel de vida», explicó a la AFP en una entrevista la semana pasada.
Los partidos de izquierda defienden esta mejora de las jubilaciones, pero la iniciativa enfrenta resistencia de parte de la derecha y de las formaciones centristas, además del gobierno federal y del parlamento.
El gobierno afirma que este aumento implica un costo de 4.000 millones de francos suizos al año, que esto puede requerir un incremento de los impuestos y que amenaza la estabilidad financiera del sistema de seguridad social.
Según la última encuesta realizada por gfs.bern para la emisora pública SSR, un 53% de los encuestados se declaró a favor de la reforma y un 43% en contra, pero la popularidad de esta iniciativa bajó con respecto al mes pasado.
Para entrar en vigor esta iniciativa debe ser aprobada además en una mayoría de los 26 cantones que tiene Suiza.
Los suizos también están convocados a pronunciarse sobre un plan para subir gradualmente la edad de jubilación de 65 a 66 años durante la próxima década, con el objetivo de garantizar la financiación del sistema de pensiones, pero las encuestas indican que sólo un 35% de la población apoya esta reforma.
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