SENATOBIA, Misisipi — La Oficina de la Fiscal General de Misisipi determinó que el tiroteo perpetrado por un agente de policía que resultó en la muerte de Kohen Wiley, un bebé de un año, en el estacionamiento de un supermercado Walmart en junio pasado, estuvo «justificado» y no amerita la presentación de cargos criminales.
De acuerdo con un comunicado oficial enviado al comisionado de seguridad pública del estado, las autoridades identificaron al oficial involucrado como Hunter Foster. Tras concluir una revisión exhaustiva del expediente, la fiscalía estatal declaró que no existe evidencia suficiente de conducta delictiva para presentar el caso ante un gran jurado, por lo que procederán al cierre definitivo de la investigación penal a nivel estatal.
El trágico suceso ocurrió el pasado 14 de junio, cuando la policía acudió al establecimiento tras un reporte de robo. Según el Buró de Investigaciones de Misisipi (MBI), los agentes intentaron interceptar a dos adultos y al menor cuando abordaban un vehículo para huir. Las autoridades sostienen que el conductor dirigió el automóvil hacia los oficiales, casi arrollando a uno de ellos, lo que provocó que el agente disparara su arma de fuego, impactando mortalmente al pequeño Kohen mientras se encontraba en el regazo de su madre.
La decisión de la fiscalía generó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima y sus abogados, quienes criticaron haberse enterado del fallo a través de los medios de comunicación. El abogado Ben Crump cuestionó duramente la resolución y exigió la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales y de patrulla, señalando además el historial del departamento policial, cuyo exjefe fue despedido tras revelarse mensajes de texto con insultos raciales. Por su parte, la defensa legal confirmó que evaluarán emprender acciones en los tribunales civiles y a nivel federal.
Ante la indignación social y las manifestaciones en la comunidad, la jefa interina del Departamento de Policía de Senatobia, Angelica Maze, hizo un llamado a la calma y al diálogo pacífico, asegurando que el compromiso de la corporación es proteger a la ciudadanía con profesionalismo. En tanto, organizaciones civiles y residentes locales continúan procesando el fallo mientras exigen transparencia y justicia por la pérdida del menor.
