Relacionan la trata de personas en Columbia con la campaña al Congreso por el Distrito 5 de Tennessee

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COLUMBIA, Tennessee — Una reciente investigación sobre una red de prostitución y trata de personas en Columbia ha revelado conexiones imprevistas con las campañas políticas para el 5.º Distrito Congresional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El operativo, llevado a cabo el pasado miércoles 9 de septiembre, fue el resultado de una investigación prolongada encabezada por el Departamento de Policía de Columbia, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias estatales. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en siete ubicaciones del estado —seis spas y una residencia—, lo que resultó en la detención de diez mujeres en cinco ciudades diferentes bajo cargos relacionados con la prostitución y la usurpación de funciones profesionales.

Durante las diligencias realizadas en la ciudad de Columbia, las autoridades allanaron un local comercial ubicado en el bloque 1200 de South James Campbell Boulevard, un establecimiento conocido bajo los nombres de «Sunshine Spa» y «Red Fruit Spa». La investigación periodística reveló que este inmueble pertenece a M&CE, LLC, una empresa en la cual el alcalde de Columbia y candidato demócrata al 5.º Distrito Congresional, Chaz Molder, figura como socio propietario.

No obstante, se aclaró de manera enfática que ninguno de los candidatos que compiten por el 5.º Distrito Congresional se encuentra implicado de manera directa en la redada policial. Los lazos descubiertos se limitan estrictamente a la titularidad de la propiedad y a la presencia de un excolaborador de campaña que se encontraba dentro del salón de masajes al momento del operativo.

Ante los cuestionamientos de la prensa, un portavoz de la campaña de Molder emitió una postura oficial en la que aseguró que el alcalde «no tenía conocimiento de las presuntas actividades ilegales». Asimismo, se detalló que Molder posee únicamente una participación minoritaria del 25 % en la empresa propietaria del edificio y que carece de autoridad para decidir o aprobar los negocios que operan en dicho establecimiento.