White House, Tennessee.- Un conflicto legal en White House, ha encendido el debate sobre los derechos de los estudiantes con necesidades especiales y las fallas de inclusión en el sistema educativo. Los padres de un menor de cinco años con autismo interpusieron una demanda federal de 12 páginas contra las Escuelas del Condado de Sumner y contra Brandon Smart, un subdirector de secundaria de la misma zona local.
La controversia comenzó el año pasado, cuando los padres matricularon a su hijo en el jardín de niños de la Escuela Primaria H.B. Williams. Desde la inscripción, la familia advirtió a las autoridades escolares sobre la condición de autismo del pequeño y solicitó formalmente un asistente dedicado a tiempo completo para guiar su conducta. Aunque la ley federal exige a las instituciones educativas brindar apoyos adecuados a estudiantes con discapacidad, el distrito se negó inicialmente a asignar el asistente argumentando que debía recabar sus propias evidencias.
Sin el acompañamiento necesario, el menor protagonizó altercados entre agosto y septiembre que incluyeron empujones y lanzamiento de objetos. Aunque la escuela terminó por conceder la ayuda profesional, la falta de intervención temprana generó malestar entre otros padres. Como consecuencia, el oficial de recursos escolares presentó cargos contra el niño de 5 años por agresión agravada, un delito grave. Si bien un juez desestimó la acusación, dos padres de familia —entre ellos Brandon Smart— promovieron solicitudes independientes para procesar penalmente al estudiante.
Todas las peticiones penales se cayeron de manera definitiva en abril, cuando un juez determinó que el menor no contaba con la competencia legal para enfrentar un juicio. Sin embargo, la familia del niño decidió tomar acciones legales frente al acoso y la discriminación sufridos. En la demanda, los padres señalan que el distrito vulneró la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y las normativas federales que prohíben la discriminación en programas con fondos públicos.
