Un exresidente de Clarksville, Tennessee, fue sentenciado el martes a 10 años de prisión federal por distribuir material de abuso sexual infantil, según informó la oficina del FBI en Nashville.
El juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, William L. Campbell, Jr., condenó a Brandon Wesley Rogers a 10 años de prisión, seguidos de 10 años de libertad condicional supervisada. Además, deberá pagar 14,000 dólares en concepto de indemnización y le fueron confiscados los dispositivos electrónicos utilizados para cometer los delitos. Rogers deberá registrarse como delincuente sexual al salir de prisión.
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Se declaró culpable de cinco cargos
Rogers se había declarado culpable el 9 de diciembre de 2024 de cinco cargos de distribución de material de abuso sexual infantil. Según documentos judiciales, la investigación comenzó luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibiera una denuncia anónima sobre un usuario de la plataforma de mensajería Kik que había subido y compartido este tipo de material. El FBI identificó a Rogers como responsable de la cuenta y determinó que, el 26 y 27 de mayo de 2022, distribuyó cinco videos a otros usuarios de la plataforma, mientras residía en Clarksville.
El 3 de agosto de 2023, agentes federales ejecutaron una orden de registro en

la residencia de Rogers, en Powell, Tennessee, y confiscaron varios dispositivos electrónicos. Durante un interrogatorio, Rogers admitió haber recibido y distribuido este tipo de material, así como contar con contenido adicional almacenado en una carpeta protegida con contraseña en su teléfono celular.
Declaraciones de las autoridades
El fiscal federal Boucek señaló que cada vez que se distribuye material de abuso sexual infantil, los menores que aparecen en él vuelven a ser victimizados, y aseguró que su oficina continuará identificando y responsabilizando ante la justicia a quienes trafican con este tipo de contenido. Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Nashville, Terence G. Reilly, afirmó que la sentencia envía un mensaje claro sobre las consecuencias de distribuir este material, y reconoció el trabajo conjunto de la oficina del FBI en Clarksville y sus socios en la investigación.
El caso fue investigado por la oficina del FBI en Nashville, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Monica R. Morrison.
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