CDMX, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró un avance histórico en el caso Ayotzinapa con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, señalado de ordenar la destrucción de pruebas clave vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes.
El operativo se ejecutó a las 9:46 horas de este viernes en la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interceptaron al exmandatario, quien gobernó la entidad guerrerense entre abril de 2011 y octubre de 2014.
De inmediato, Aguirre Rivero fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal. En su contra pesan los delitos de contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
«Una operación dolosa y deliberadamente estructurada»
En un mensaje a la nación, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, dejó en claro el peso de la acusación. Aseguró que la ocultación de las grabaciones de videovigilancia «lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal».
La acusación formal sostiene que Aguirre Rivero ordenó directamente la sustracción y destrucción de las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Aquellos dispositivos captaron el momento exacto en el que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue interceptado por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, en coordinación con efectivos estatales.
Según los informes institucionales, tras obligar a los estudiantes a descender de la unidad, las fuerzas del orden los entregaron a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Desde entonces, se desconoce por completo el paradero de los jóvenes.
Testimonios que rompieron el silencio
El desmoronamiento de la versión oficial —que atribuía los hechos a presuntas fallas técnicas del sistema de vigilancia— se sustentó en los testimonios recabados por la representación social durante 2026.
En enero, una persona colaboradora rompió su silencio alegando haber recibido amenazas previas. Confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló directamente a la persona que las sustrajo para entregarlas de manera personal al exgobernador.
Meses después, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido ratificó los hechos. Declaró que Aguirre Rivero ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gabinete «desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala».
Un paso más en la rendición de cuentas
Esta acción judicial contra el exjefe del Ejecutivo guerrerense se suma al proceso penal abierto contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, quien fue detenida en mayo de 2025. No obstante, en abril de 2026 se le concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.
El ingreso de Aguirre Rivero a un penal de máxima seguridad marca una etapa determinante en la búsqueda de justicia por el caso.
