Tennessee.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Tennessee y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) presentaron una demanda federal de acción colectiva para impugnar la ley HB 1704. Las organizaciones argumentan que la legislación usurpa de manera inconstitucional las facultades del gobierno federal al criminalizar la permanencia de ciertos inmigrantes en el estado.
La controvertida medida busca convertir en un delito que las personas con órdenes finales de deportación continúen residiendo en la entidad. Esta legislación forma parte de una ofensiva legal más amplia a nivel nacional, donde varios estados buscan castigar la presencia de no ciudadanos, ya sea penalizando su ingreso o, como en este caso particular, sancionando la falta de salida del territorio estatal.
Los defensores de los derechos civiles enfatizan que los tribunales estadounidenses han reafirmado de manera consistente durante más de un siglo que el control migratorio es competencia exclusiva de las autoridades federales. Según los demandantes, la intromisión de Tennessee es ilegal e inhumana, y solo busca sembrar el miedo entre las familias y las comunidades locales.
Casos que sustentan la demanda: Entre los demandantes se encuentra un residente de Memphis de 35 años que cuenta con la protección del programa DACA, pero que teme ser procesado debido a una vieja orden de deportación emitida cuando era adolescente. Asimismo, una mujer de 58 años, que ha vivido en el estado por un cuarto de siglo y actualmente solicita amparo bajo la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA), enfrenta la angustia de ser arrestada y separada de sus hijos.
Portavoces de las organizaciones involucradas señalaron que la ley HB 1704 ataca directamente a miembros productivos de la sociedad que han hecho de Tennessee su hogar durante años. Con este recurso legal, los activistas buscan que un juez federal bloquee la entrada en vigor de la normativa, la cual está programada para iniciar el próximo 1 de julio.
