Providence, Rhode Island.- Un juez federal emitió este viernes una orden que sacude las políticas migratorias del presidente Donald Trump al exigir al gobierno retomar de inmediato los procedimientos de asilo, la emisión de permisos de trabajo y el desbloqueo de peticiones de inmigrantes provenientes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
El juez John J. McConnell Jr. , de la Corte de Distrito en Rhode Island, fue contundente en su fallo al señalar que las políticas implementadas por la administración Trump están impulsadas por un sentimiento «antiinmigrantes» que ha mantenido a miles de familias en un limbo legal durante más de seis meses.
«Un limbo legal indeterminado»
En su opinión escrita, el juez McConnell recordó que la política fue implementada hace más de medio año por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dejando «la vida de innumerables inmigrantes que viven en los Estados Unidos en un limbo legal indeterminado».
«Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente recibir decisiones finales sobre, entre otras cosas, sus solicitudes de asilo, permiso de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía», criticó el juez. «Y la suspensión de las adjudicaciones por parte del USCIS no se puede atribuir a nada que estas personas hayan hecho mal; más bien, surge únicamente por la casualidad de dónde fue su nacimiento».
El magistrado agregó: «Más de seis meses después, muchas de estas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna posibilidad real de planificar su futuro».
Las políticas impugnadas
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones civiles, entre ellas el Instituto Internacional Dorcas de Rhode Island, el Centro Refugio Dream, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Comunidades Africanas Juntas, la Asociación Venezolana de Massachusetts y American Gateway, entre otras.
El argumento central de los demandantes es que las políticas del USCIS violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La impugnación incluyó la retención de todas las solicitudes de asilo, la suspensión de expulsiones independientemente del país de origen, la revisión de solicitudes ya aprobadas para personas de los llamados «Países con Prohibición de Viaje» que ingresaron a EE.UU. a partir del 20 de enero de 2021, y los cambios en el Manual de Políticas que exigían al personal considerar los «hechos y circunstancias específicos del país» como factores negativos al decidir sobre beneficios migratorios.
