Washington D.C.- El Departamento de Justicia ha puesto sobre la mesa una amenaza legal que podría redefinir los límites entre el poder federal y el estatal: demandar a cuatro estados gobernados por demócratas por negarse a emitir placas de vehículos encubiertas para agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los estados señalados son Maine, Massachusetts, Washington y Oregón. La controversia, que ya genera un intenso debate legal, gira en torno a si estas jurisdicciones están simplemente negando su colaboración en la aplicación de leyes migratorias o si, por el contrario, están interfiriendo directamente con las funciones del gobierno federal.
El fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett Shumate, envió cartas el pasado 12 de mayo a los gobernadores de los cuatro estados, acusándolos de violar la cláusula de supremacía de la Constitución.
Según Shumate, negar estas placas —que ocultan la identidad de los agentes federales— constituye una discriminación contra el gobierno federal, especialmente porque, según argumenta, esas mismas matrículas sí se otorgan a agencias estatales y locales en situaciones similares.
En su carta dirigida a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, el funcionario fue directo: «Esta negativa infringe directamente la cláusula de supremacía», al impedir el acceso equitativo a recursos operativos clave para las labores de inmigración.
La postura de los estados
Desde Massachusetts, un portavoz del gobernador Maura Healey respondió con firmeza: el estado sí emite placas encubiertas a agencias federales, pero solo cuando se trata de investigaciones criminales, no en casos de inmigración civil.
El portavoz agregó que las placas estándar que ya se entregan al ICE no revelan la identidad de los agentes, solo la titularidad del vehículo, y que las agencias estatales y locales enfrentan las mismas restricciones para investigaciones civiles.
La postura es clara: «No permitiremos que recursos estatales se utilicen para operaciones encubiertas del ICE», afirmó la oficina del gobernador, cuestionando además la falta de transparencia de la agencia federal sobre sus detenciones.
Las oficinas de los gobernadores de Oregón, Maine y Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras el Departamento de Justicia evalúa los próximos pasos legales. De concretarse una demanda, el caso podría llegar hasta la Corte Suprema, definiendo un precedente clave sobre hasta dónde llega la autoridad federal frente a la estatal en materia migratoria.
