MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hay elementos para la detención provisional de las 10 personas requeridas por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.
Afirmó que por el momento, no procederá con la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos.
A pesar de las acusaciones formales por narcotráfico y posesión de armas emitidas en el extranjero, la autoridad mexicana ha optado por un proceso de revisión previa antes de actuar contra los implicados.
Durante una comparecencia ante los medios, Raúl Jiménez Vázquez, fiscal especializado de la FGR, explicó que la institución solicitará primero un conjunto de evidencias a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo de este requerimiento es analizar el sustento de las acusaciones para determinar si la detención es jurídicamente procedente en territorio nacional, condicionando así la cooperación internacional a la recepción y validación de dichas pruebas.
«No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional» afirmó el fiscal especializado de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez.
Ante ello, la FGR pedirá a la SRE que solicite a las autoridades de EE. UU. pruebas y argumentos “por las vías que garanticen la confidencialidad de la información”, a fin de estar en posibilidad de fijar un posicionamiento institucional.
Por su parte, el analista político y académico Edgardo Buscaglia afirmó que la exigencia de pruebas por parte de autoridades mexicanas ante solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos “es un disparate jurídico”, al sostener que la evidencia se construye durante el proceso judicial y no como requisito previo.
Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Buscaglia explicó que, en al menos 90 casos de extradición analizados durante la actual administración, México concedió solicitudes con menor carga probatoria que la reportada en el caso reciente vinculado a funcionarios de Sinaloa.
Por otro lado, Buscaglia advirtió que la falta de aplicación de mecanismos como la detención provisional, contemplados en tratados de extradición, podría facilitar la evasión de la justicia en casos de delincuencia organizada.
