NUEVA ORLEANS / SAN LUIS – En una serie de victorias jurídicas consecutivas para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los tribunales federales de apelaciones han emitido fallos que consolidan la capacidad del gobierno para mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados, sin derecho a audiencias de fianza, mientras se resuelven sus procesos de expulsión.
Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos emitió una resolución definitiva en el caso Buenrostro-Méndez contra Bondi. Al negarse a conceder una nueva audiencia en pleno (en banc), el tribunal ratificó su fallo original de febrero de 2026.
Se dió a conocer que la decisión original, redactada por la jueza Edith Jones y respaldada por el juez Kyle Duncan, sostiene que cualquier individuo que haya ingresado al país sin inspección legal debe ser clasificado como un «solicitante de admisión» bajo el estatuto 8 USC § 1225(b). Según la interpretación de la corte:
- La detención es obligatoria durante los procedimientos de deportación.
- No existe una distinción automática que otorgue audiencias de fianza a residentes ilegales de larga data.
- El ingreso clandestino, independientemente de su antigüedad, sujeta al individuo al rigor de la detención federal.
Paralelamente, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito emitió un veredicto similar que revierte la decisión de un juez de distrito en Minnesota. Precisaron que la instancia superior calificó el fallo previo como una interpretación errónea de la ley que buscaba otorgar beneficios de libertad condicional a inmigrantes con antecedentes de reingreso ilegal.
Se informó que el caso central involucraba a Joaquín Herrera Ávila, un ciudadano mexicano con múltiples registros de ingreso ilegal (2006 y 2016). El Octavo Circuito dictaminó que, al carecer de una admisión legal, Herrera Ávila y otros en situaciones similares deben considerarse extranjeros que «buscan admisión».
Con ello, faculta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para mantener la detención ininterrumpida mientras los tribunales migratorios procesan sus expedientes.
Por consiguiente, estos fallos judiciales eliminan uno de los obstáculos más significativos para la estrategia de «tolerancia cero» de la Casa Blanca, ya que al validar la detención sin fianza, las cortes permiten que el Ejecutivo mantenga bajo control físico a los sujetos de deportación, evitando que estos regresen a sus comunidades antes de que se ejecute su salida del país.
Sin embargo, los analistas legales sugieren que estas resoluciones sientan un precedente robusto que probablemente será escalado a la Corte Suprema, donde se definirá finalmente si la clasificación de «solicitante de admisión» puede aplicarse de manera universal a toda la población indocumentada en los Estados Unidos.
