CDMX, México.- Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentará ante el Congreso una propuesta de reforma electoral centrada en reducir costos y fomentar una democracia, a su juicio, más participativa.
La iniciativa, que ya fue dada a conocer el miércoles en una rueda de prensa de la titular, propone cambios estructurales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, así como modificaciones en el financiamiento y la supervisión de los procesos electorales.
La reforma propone mantener los 500 diputados en la Cámara, todos elegidos por votación directa. De estos, 300 serían seleccionados por mayoría relativa. Entre las 200 curules restantes, se contemplan diferentes mecanismos: 97 se asignarían a electos cuyos partidos mostraron el mejor desempeño aunque no resultaran ganadores directos; 95 serían elegidas por votación directa, distribuidas por circunscripción y por partido, con una distribución paritaria entre hombres y mujeres; y ocho escaños serían reservados para mexicanos que residen en el extranjero, organizándose para asegurar representación migrante.
En cuanto al Senado, la propuesta propone una reducción del número de senadores de 128 a 96, con 32 cubriendo la estructura de primera minoría y 64 por mayoría relativa. Este ajuste busca simplificar la representación y reducir costos operativos de la institución.
Uno de los pilares de la iniciativa es la reducción de gastos electorales en un 25 por ciento. Para lograrlo, se propone disminuir los recursos que se asignan al Instituto Nacional Electoral (INE), a las organizaciones políticas, a los tribunales electorales y a los órganos públicos locales electorales, entre otros actores. Las cifras oficiales señalan que el gasto en las elecciones de 2024 alcanzó 61.000 millones de pesos, aproximadamente 3.5 mil millones de dólares, lo que ha impulsado el argumento de que es posible una mayor eficiencia sin sacrificar la integridad del proceso.
La reforma también introduce controles reforzados a la supervisión de recursos. El INE, con la finalidad de lograr una mejor supervisión de las finanzas de candidatos y partidos, podría acceder de manera más amplia a las transacciones, mientras que se propone prohibir simultáneamente las contribuciones en efectivo para frenar prácticas irregulares.
Entre las medidas de transparencia y control, se contempla la regulación del uso del espectro radioeléctrico durante las campañas, reduciendo de 48 a 35 minutos diarios el tiempo asignado para las emisiones de radio y televisión.
A nivel tecnológico, la propuesta sugiere establecer límites y directrices para el uso de inteligencia artificial en campañas, incluyendo la prohibición de bots y otros medios artificiales en redes sociales. Estas medidas pretenden evitar distorsiones en la información electoral y proteger la integridad del proceso.
Entre los aspectos que ha destacado el oficialismo, se subraya que la reforma podría facilitar la participación de la diáspora mexicana, al permitir que quienes viven en el extranjero voten por la diputación migrante, ampliando así la representatividad de los ciudadanos fuera del país. Sin embargo, el equipo de la presidenta ha señalado que aún quedan detalles por definir y que el texto podría sufrir modificaciones a medida que avance el proceso legislativo.
El debate sobre la reforma electoral llega en un momento clave para México, con distintas visiones sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de fortalecer la democracia participativa. Los partidos opositores y la sociedad civil han reaccionado de forma variada, expresando preocupaciones sobre la concentración de poder, la viabilidad de la implementación de nuevos formatos de votación y la posible complejidad administrativa que conllevaría la reconfiguración de distritos y competencias.
Las autoridades señalaron que la discusión en el Congreso se llevará a cabo con la debida atención a la legalidad y a la transparencia, buscando un equilibrio entre eficiencia operativa y la integridad del proceso electoral. Si la reforma avanza, las próximas semanas podrían definir un nuevo marco para las elecciones y la participación cívica en México.
