Nueva York, EE.UU.- El exmandatario venezolano Nicolás Maduro solicitó este jueves al tribunal de Estados Unidos desestimar la acusación por narcotráfico y corrupción en su contra, tras conocerse que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negó la licencia para pagar su defensa con fondos del Estado venezolano.
La moción, presentada a través de su abogado Barry Pollack, sostiene que la oficina dependiente del Departamento del Tesoro está interfiriendo con el derecho de Maduro a contratar al abogado de su elección y, por ello, busca la desestimación de la cuarta acusación sustitutiva.
En la documentación presentada, Maduro acompaña la moción con una declaración jurada en la cual afirma su deseo de mantener a Pollack como su representante legal. Sostiene que el gobierno venezolano tiene la obligación de pagar su defensa y que él no puede sufragar por sí mismo, prometiendo aportar pruebas financieras si fueran requeridas.
Este punto es central para el argumento de que la negativa de OFAC a emitir una licencia para usar fondos venezolanos vulnera sus derechos constitucionales.
El memorando de Pollack reitera críticas anteriores a la decisión de la OFAC y argumenta que la dependencia de la OFAC del Departamento del Tesoro está “interferiendo” con la capacidad de Maduro para obtener una defensa adecuada, lo que, señala, violaría la Sexta Enmienda y el debido proceso.
“El Gobierno de EE. UU., aunque autoriza numerosas transacciones con Venezuela, prohíbe que la defensa reciba fondos no contaminados de Caracas”, afirma el escrito, advirtiendo que cualquier juicio llevado a cabo bajo estas circunstancias podría ser “inconstitucionalmente defectuoso” y susceptible de impugnaciones futuras.
Por su parte, Henry Rodríguez Facchinetti, abogado de la República Bolivariana de Venezuela, destacó la obligación legal de Caracas de financiar la defensa de su presidente y aseguró que los fondos disponibles son legítimos y serían utilizados para cubrir los gastos legales. Reiteró que el dinero no está vinculado a actividades ilícitas ni a las acusaciones en cuestión, y afirmó la disposición de Caracas para hacerse cargo de los costos de defensa, aclarando que los fondos no deben ser interpretados como procedentes de actividades delictivas.
Recordemos que tanto Maduro como el Gobierno venezolano están bajo sanciones de Estados Unidos, y la licencia para recibir fondos para la defensa ya fue solicitada, obtenida temporalmente el 9 de enero y revocada minutos después mediante una licencia enmendada que bloquea la transacción, de acuerdo con la denuncia.
