En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha emitido citaciones judiciales contra los principales líderes de Minnesota. La investigación busca determinar si existió una conspiración criminal para obstaculizar las operaciones masivas de deportación ordenadas por la administración de Donald Trump.
El Uso del Gran Jurado
El Departamento de Justicia ha emitido citaciones a seis oficinas clave, incluyendo las del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul.
- Tim Walz: Gobernador de Minnesota.
- Keith Ellison: Fiscal General del estado.
- Jacob Frey: Alcalde de Minneapolis.
- Kaohly Her: Alcaldesa de St. Paul.
- Mary Moriarty: Fiscal del condado de Hennepin.
- Melvin Carter: Alcalde de St. Paul (citado como parte del bloque local).
• El objetivo: Determinar si la oposición pública a las políticas migratorias de la administración Trump constituye un delito federal.
Documentación sobre la «cooperación o falta de cooperación» con las autoridades federales desde el inicio de 2025.
La fiscal estadounidense Pam Bondi ha enfatizado que «nadie está por encima de la ley», sugiriendo una posible obstrucción de la justicia por parte de los funcionarios estatales.
Un punto de inflexión en esta investigación es el uso de la misma ley de «obstrucción de un procedimiento oficial» que se aplicó contra los asaltantes del Capitolio en 2021.
Mientras la administración actual indultó a los condenados por el 6 de enero, ahora utiliza esa misma base legal para investigar a funcionarios electos que han cuestionado la legalidad de las redadas de ICE.
La sospecha del DOJ: Se investiga si los llamados a la calma, la instrucción de grabar a los agentes y la retórica de resistencia constituyen una «colusión» con agitadores para frenar las funciones federales.
El despliegue federal en las «Ciudades Gemelas» ha transformado las calles en zonas de combate, exacerbadas por dos incidentes críticos:
1. El caso Renee Good: La muerte de una ciudadana estadounidense por disparos de agentes de ICE, que catalizó las protestas.
2. «Scott» Thao: Agentes federales irrumpieron en el hogar de un ciudadano naturalizado buscando a un prófugo que, en realidad, ya estaba en una prisión estatal. Este incidente ha servido a los líderes locales para argumentar que la fuerza federal es «imprudente» y carece de coordinación básica.
Tanto Walz como Frey han mantenido una postura de desafío frente a las citaciones del Gran Jurado:
• Jacob Frey: Declaró que «no tiene miedo» y que su prioridad es la seguridad comunitaria por encima de la intimidación federal.
• Tim Walz: Calificó la investigación como una «distracción partidista» y un intento de evadir la rendición de cuentas por la muerte de Renee Good.
«La estrategia de la Administración Trump al cierre de su primer año refleja un federalismo de confrontación. Mediante las citaciones del DOJ, el Ejecutivo busca establecer un castigo que sirva de ejemplo para otros gobiernos locales
Sin embargo, la viabilidad legal es frágil: los precedentes muestran que los grandes jurados rara vez criminalizan el discurso político de funcionarios públicos, y la justicia federal ya ha limitado explícitamente el uso de la fuerza de ICE contra civiles en el estado.»
En el fondo, lo que todos nos preguntamos es si ese sistema de equilibrios que debería protegernos a todos sigue en pie, o si hemos cruzado una línea peligrosa donde la justicia ya no busca la verdad, si no que se usa para silenciar a quienes se atreven a alzar la voz.
