Washington, D.C. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que planea retener parte de los fondos administrativos destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en aquellos estados que no proporcionen información detallada sobre sus beneficiarios.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una reunión de gabinete que la medida es “inminente”, argumentando que la falta de cooperación de varios estados —en su mayoría gobernados por demócratas— dificulta los esfuerzos para “erradicar el fraude en el programa”. El USDA solicita datos sensibles como nombres y estatus migratorio de los participantes.
Gobiernos estatales demócratas han presentado acciones legales para bloquear la orden, sosteniendo que ya cuentan con sistemas de verificación de elegibilidad y que nunca han compartido rutinariamente grandes volúmenes de información personal con el gobierno federal.
Batalla judicial en curso
La solicitud original de datos fue emitida en febrero, lo que motivó demandas de 22 estados y el Distrito de Columbia. Un juez federal en San Francisco emitió posteriormente una orden que prohíbe temporalmente al gobierno recolectar la información requerida.
La semana pasada, el gobierno federal reiteró su exigencia y fijó como plazo el 8 de diciembre para que los estados respondan. “Si no cumplen, se les advertirá formalmente que el USDA retirará sus fondos administrativos”, señaló la agencia.
Aunque la ley federal permite al USDA retener recursos de gestión en casos de incumplimiento, expertos cuestionan la legalidad y el alcance de esta acción, anticipando un prolongado enfrentamiento en los tribunales.
