WASHINGTON D.C. — Ante la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles recíprocos, la Administración del presidente Donald Trump está desarrollando activamente un conjunto de estrategias alternativas para mantener su política comercial. Así lo informó Bloomberg este sábado, citando a fuentes cercanas al asunto.
El Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) están trabajando en un «Plan B» con el objetivo de poder implementar nuevas medidas arancelarias de manera expedita en caso de que el Gobierno pierda su batalla legal en el máximo tribunal.
Entre las opciones que se barajan se encuentran la aplicación de las secciones 301 y 122 de la Ley de Comercio, que otorgan al presidente amplias facultades para imponer aranceles unilateralmente. También se considera la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite restringir importaciones que amenacen la seguridad nacional, y la sección 338 de la Ley Arancelaria, que autoriza aranceles de hasta el 50% contra países que discriminen el comercio con EE.UU.
Sin embargo, el informe advierte que estas alternativas no están exentas de riesgos. Podrían ser procesos más lentos o tener un alcance más limitado en comparación con la política actual. Además, es probable que enfrenten sus propios desafíos legales.
Por ejemplo, el artículo 122 permitiría aranceles del 15% pero solo por un máximo de 150 días, requiriendo además resolver complejas cuestiones jurídicas sobre la aplicación simultánea o retroactiva de los aranceles para evitar devoluciones. El artículo 338, que nunca se ha utilizado, también podría desencadenar nuevas disputas legales.
A pesar de los posibles obstáculos, un funcionario de la Administración que prefirió el anonimato reafirmó que los aranceles seguirán siendo una pieza central de la agenda económica de Trump, sin importar el veredicto de la Corte Suprema.
