San Salvador, El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del estado de excepción hasta el 4 de febrero, a pesar de las críticas y denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han registrado más de 6.000 quejas de víctimas bajo este régimen.
Desde su implementación en 2022, el gobierno de Nayib Bukele sostiene que el estado de excepción ha llevado a una drástica reducción de la criminalidad, argumentando que se han capturado a más de 83.900 presuntos pandilleros. Sin embargo, la medida, que suspende derechos fundamentales como el acceso a un abogado y permite la detención sin audiencia durante 15 días, ha suscitado preocupaciones sobre las detenciones arbitrarias.
Este régimen ha sido justificado por el gabinete de Seguridad con la necesidad de combatir a los «grupos terroristas», ya que su erradicación total se considera crucial para mantener los logros obtenidos.
A pesar de las cifras oficiales que indican un bajo número de homicidios en el país, con 114 asesinatos en total durante 2024 y solo uno en diciembre, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ha destacado que al menos 354 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Asimismo, han presentado una petición para la liberación de 150 individuos que alegan fueron detenidos de forma arbitraria y cuya inocencia proponen demostrar.
La polémica en torno a estas políticas persiste en un contexto donde las reformas al Código Penal prohíben pertenecer a una pandilla, imponiendo penas de 20 a 40 años de prisión. A pesar de la mejora en los índices de criminalidad, las organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre el costo humano de estas medidas.
