En un proceso continuo de deportación de migrantes, el jueves 18 de julio, más de 130 colombianos fueron enviados de regreso a su país en uno de los 12 vuelos semanales que operan desde el aeropuerto de Harlingen, Texas.
Los deportados, que llegaron en cuatro autobuses custodiados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), mostraron un perfil notable: la mayoría eran mujeres jóvenes, todos ellos esposados durante el traslado.
Desde esta pista aérea, además de vuelos hacia Colombia, se realizan regularmente deportaciones hacia otros países de Centroamérica, como Honduras. Este aeropuerto se ha convertido en uno de los cuatro puntos críticos desde donde se gestionan deportaciones en la frontera sur de los Estados Unidos.
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Durante el presente año fiscal (que comenzó en octubre de 2023 y concluirá el 30 de septiembre de 2024), más de 43,000 migrantes han entrado de manera irregular al país, concentrándose en el área del Valle del Río Grande, una región que limita con el famoso río Bravo al sur y el Golfo de México al este. Las razones detrás de esta migración son diversas, destacando la búsqueda de estabilidad económica y la reunificación familiar.
Un dato alarmante es que, de este total, más de 20,000 menores de edad han cruzado la frontera solos, lo que resalta la preocupación por la seguridad y bienestar de los niños en estos procesos migratorios.
Un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revela que, a pesar del elevado número de cruces irregulares, las detenciones en la frontera sur han disminuido.
En junio de 2024, se reportaron 88,612 arrestos, lo que representa una reducción del 29% en comparación con mayo, situándose a niveles similares a los de enero de 2021. Este descenso se atribuye en gran medida a las nuevas restricciones sobre el asilo impuestas por la administración de Joe Biden.
